La Ley del Embudo en la Política Uribista o “Cosecha lo que siembras”

“La ley es tela de araña,
y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico,
no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande
y sólo enreda a los chicos.”

Martín Fierro

 

El rechazo y la silbatina popular en algunas plazas públicas y sectores de la sociedad colombiana en contra de los candidatos uribistas puede ser la consecuencia de aplicar lo que popularmente se llama la ley del embudo. “Lo estrecho pa´otros, lo ancho pa´uno” afirma el adagio venido de los más profundo de la sabiduría del pueblo, frase con la que podemos calificar la campaña uribista basada en una álgida crítica a las acciones políticas del presidente Santos.

Los candidatos del Centro Democrático han objetado muchas de las decisiones del actual gobierno y utilizan esto como estrategia para lograr un buen desempeño en las futuras elecciones al senado y presidencia. El problema consiste en que las acciones políticas que critican son de la misma naturaleza que las efectuadas durante el gobierno Uribe. De esa manera caen en la contradicción y son víctimas del escarnio público cuando intentan justificarse, convirtiéndose en el ejemplo perfecto del adagio popular de la ley del embudo.

La contradicción ha sido perjudicial para las diversas candidaturas del Centro Democrático. Uribe es chiflado y “sacado” de plazas públicas; Zuluaga no despega en su aspiración presidencial estando todavía muy lejos de Santos; los candidatos a las listas del senado son vapuleados en los debates pues argumentan con más fervor que ideas. Pero, ¿cuáles son las contradicciones de las que hablo? Aquí algunas de ellas:

Uno, proceso de paz con la guerrilla. El Centro Democrático está en contra de un proceso en el que, según ellos, habrá impunidad. Esta posición en mi parecer es un “suicidio” político, criticar el proceso ha significado para la opinión pública estar en contra de la paz. Pero además, la contradicción reside en dos hechos relacionados con la desmovilización de los grupos paramilitares: primero, la ley de Justica y Paz surgió a partir de una presión de la opinión, de los medios y de las organizaciones de víctimas que veían como en este proceso no estaban contemplados sus derechos. En ese caso, fue cuando Mancuso habla en el congreso que la sociedad colombiana se indigna y las presiones son más fuertes en contra del gobierno para erigir una ley que busque la verdad y la reparación. Sin embargo, la ley no ha sido exitosa según estudios de la ONU y otras organizaciones gubernamentales. Ver

Es decir, la impunidad se campea ante la verdad paramilitar. El Centro Democrático critica el Marco Para la Paz pero no ven la viga que tienen en la ley 975.

Otro punto que critican los uribistas es que no se sabe qué está negociando el gobierno con las FARC. Claro sin duda, es objetable, pero criticarlo cuando en junio 15 de 2003 tampoco se supo qué era lo que el gobierno negoció con los grupos paramilitares en Santafé de Ralito es otra fatal contradicción. Además, en relación con el proceso paz, la repetición de la frase “no se negocia con terroristas”, mencionada una y otra vez por los candidatos del AUCD, produce las críticas de sus opositores debido a que ellos sí negociaron con los paramilitares (¿entonces, ellos no son terroristas?). Es más, algunas personas traen a la memoria el recuerdo de que Uribe afirmó en unas cuantas ocasiones que iba a negociar con las FARC y con el ELN, y que incluso hizo esfuerzos para ello. Fuera de que esto último puede medirse según el nivel de intención, hace caer en otra gran contradicción a los candidatos del AUCD. ¿Se negocia con unos delincuentes pero con los otros no? O ¿Solo Uribe puede “negociar”?

Dos, política agraria y los TLC. Uribe pregona a los cuatro vientos que durante su gobierno se mejoraron las condiciones del campesinado colombiano y arremete, en voz baja, contra los TLC puestos en acción por el presidente Santos. A esto, en Tunja los campesinos le recordaron a Uribe el caso de AIS y cómo a ellos (los campesinos) no les llegó un peso de esas ayudas. También le hacen pasar vergüenzas cuando lo confrontan y le dicen que él firmó los TLC, y que la “recuperación de la confianza inversionista” en su gobierno no es más que “bajarle impuestos a los empresarios a costa del sueldo del trabajador”. Ver Video

Tres, falsos positivos. Algún sector de la opinión calificó de “cínica” la actitud de Álvaro Uribe al presentarse en la plaza del pueblo de Soacha en donde le recordaron los falsos positivos. Y es que las personas de la población gritaban arengas en contra del candidato al senado vociferando sobre la impunidad en los hechos de los muchachos de esa población que fueron asesinados y luego fueron usurpadas sus identidades, haciéndolos pasar como guerrilleros. La población enardecida no olvidó este hecho y tampoco que Uribe jamás recibió en su despacho a las madres de Soacha pero que en cambio, sí lo hizo con algunos jefes paramilitares. Ver

Cuatro, aprovechamiento de la tragedia. La opinión pública ha visto con malos ojos la presencia de los candidatos uribistas, pocas horas después, en zonas que acaban de sufrir un hecho terrorista a manos de las FARC. Es el caso de Pradera, Valle, en donde el candidato Oscar Ivan Zuluaga se presenta afirmando que si se hubiera mantenido la Seguridad Democrática, esto no ocurriría. Algunos medios objetaron este acto calificándolo de “aprovechamiento proselitista en medio del dolor de las víctimas”  Ver

Quinto, chuzaDAS. Es el hecho más reciente después de que la revista Semana revelara el caso de Andrómeda y el posible espionaje a los negociadores del gobierno en La Habana. A esto, uno de los directivos del AUCD, Alejandro Arbelaez, afirmó el pasado martes en “Debates Semana” lo siguiente: “Estas son las chuzadas de Santos, si el presidente sabía y eso es gravísimo, el presidente debe aceptar su responsabilidad y si no, pues es igual de grave y también debe aceptar su responsabilidad”. La crítica en este punto es evidente.

Sexto, la mermelada. Uribe critica la “mermelada santista” para obtener la reelección. De inmediato las voces de protesta resonaron en sus oídos a la voz de: Yidispolítica, Sena, Familias en Acción, Notarias etc. De nuevo, otra contradicción. De nuevo, otra oportunidad para recordar la corrupción en su gobierno. Esta semana La Silla Vacía ha sacado un nuevo hecho para la polémica, las cifras que presenta el AUCD sobre la mermelada santista están infladas. Ver Reporte de La Silla Vacía

La estrategia política de AUCD no está funcionando. Álvaro Uribe deberá cambiar de táctica política (lo que ya se avizora, pues al parecer intentará hacer alianzas con otros partidos).

¿Qué está sucediendo? ¿La sociedad colombiana se ha vuelto más crítica? Por un lado esto podría ser cierto, la opinión ha cambiado, se informa más, tiene más recursos y no come entero. Las consecuencias de esto no solo las sufre el Centro Democrático sino la totalidad de la esfera política nacional, solo que en los primeros es más evidente. Por otro lado, el Uribe de hace diez años no es el mismo del 2014, los escándalos de corrupción en su gobierno le han pasado factura, la desmovilización de los grupos paramilitares lo han dejado (tal y como lo afirmó Mancuso (Ver)) sin un poderoso aliado que constreñía al elector en diversas zonas de Colombia. El arresto de la mayoría de sus colaboradores que fueron caciques políticos lo han dejado sin estructuras clientelistas en diversas regiones del país. Además, su megalomanía lo ha dejado solo, sin un sucesor viable o creíble. La práctica del embudo lo ha llenado de críticas dañando su imagen.

La situación de Uribe y el Centro Democrático también puede calificarse con la siguiente frase: “Cosecha lo que siembras”.  

Sin embargo, debemos esperar, en Macondo todo puede ocurrir. 

Preguntas y Respuestas Lo que Álvaro Uribe Vélez no dice (Parte II)

3. ¿Soy paramilitar por ser amigo del General Rito Alejo del Rio?

 El ex general Rito Alejo del Río, comandó la Operación Génesis para combatir a la guerrilla en la zona de Urabá. Fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del labriego chocoano Marino López en una incursión paramilitar en 1997. Cuatro desmovilizados del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas (Diego Hinestroza, alias ‘el abuelo’, Luis Muentes, ‘el Calvo’, William Soto, ‘Comandante Soto’, Rubén Darío Rendón, ‘el Llanero’, y su comandante, Freddy Rendón, ‘el Alemán’) lo inculparon y denunciaron que la operación fue realizada conjuntamente con el Ejército.

El coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo al mando de la XVII Brigada en Urabá,  denuncia, en esos años, que Del Rio no combate a los paramilitares en Urabá. La denuncia llega hasta el general Harold Bedoya, el resultado, Velásquez  fue llamado a retiro mientras que Del Río siguió en el ejército.

Así mismo, el general Rito Alejo del Río fue denunciado por la exalcaldesa Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo por sus vínculos con el accionar paramilitar. La connivencia con los grupos paramilitares llegó al punto de utilizar el mote “Primos” para referirse a estos.

 En Diciembre de 1997 el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez condecora a Rito Alejo del Río por los servicios prestados. 

Entre 1995 y 1996 años en los que se lleva a cabo la Operación Génesis y en los que  el ex general Rito Alejo del Río actuó en connivencia con los grupos paramilitares, la tasa de homicidios ascendió a casi 350 por cada 100 mil habitantes. Ever Veloza, alias HH, jefe paramilitar del Bloque Bananero de las autodefensas, afirmó que, para esos años, fueron asesinados 1.200 campesinos.

En el 2011 y a partir de las diversas versiones libres de los jefes paramilitares la fiscalía describe así la relación entre la brigada XVII y los paramilitares: “Los paramilitares coordinaron cuatro formas de apoyo con los militares: despejar áreas, retardar el ingreso de las fuerzas armadas a determinadas zonas, despejar vías para el movimiento de la tropa y acompañar las operaciones. De las 22 masacres que ha confesado el Bloque Bananero, podemos decir que en 50% de ellas estuvieron relacionadas con la participación de militares”. Ver: Verdad Abierta 

 

A esto podemos hacer la contra pregunta: ¿Qué clase de amigos tiene Álvaro Uribe Vélez?

 

 4. ¿Soy paramilitar porque militaricé la Comuna 13 de Medellín, bajo la dirección de los Generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, con el fin de derrotar la dictadura de los violentos, enseñoreada de la ciudad?

 La operación de militarización de la Comuna 13 de Medellín se llamó Operación Orión y fue llevada a cabo durante cuatro días, desde el 16 de octubre de 2002 para combatir a los Comandos Armados del Pueblo (Cap), el ELN y las FARC. En versión libre alias Don Berna afirma en el 2009 ante un juez de Estados Unidos, que los organismos de seguridad le piden ayuda al Bloque Cacica Nutibara para llevar a cabo la operación. En ella participan mil hombres entre los que se encuentran miembros de la policía, de la brigada IV del ejército, hombres del DAS y los paramilitares de Don Berna. Un paramilitar de alias King Kong es el hombre – enlace entre la fuerza pública y el bloque Cacica Nutibara, a este último la policía le asigna un grupo de hombres del GAULA.

En el 2005, Amnistía Internacional publica un informe en el que se describen numerosas denuncias de los habitantes de la Comuna, en las que se afirman que las calles eran patrulladas por hombres con la cara cubierta, pero no solo eso, el informe denuncia que la operación Orión sirvió para que los paramilitares tomaran la zona. Las violaciones a los derechos humanos no se hicieron esperar, las desapariciones son “el pan de cada día”. Estos casos aún se mantienen en la impunidad aunque la justicia ha llamado a rendir versión libre sobre estos hechos al general Mario Montoya, uno de los jefes de la operación, quien negó toda relación con el bloque cacica Nutibara. (Ver La Huella Invisible de la Guerra)

Sin embargo, las versiones dadas por los paramilitares reinsertados dicen otra cosa:

Jorge dice: “En la comuna 13 el medio de desaparición que utilizábamos era la fosa. A la gente la picábamos con machetes o cuchillos”

Otro reinsertado paramilitar afirma: ““era cogerla, y si daba información se dejaba en la organización y si no se mandaba matar. Esa orden venía de los altos mandos, de los Castaño, y en el Cacique del comandante Adolfo Paz. Y la orden era seguir con la misma política de las desapariciones”. (Ver: Fragmentos de Versiones Libres) 

 Desde hace unos años, varias organizaciones sociales impulsan la campaña  “Escarbando la Verdad, Desenterrando la Justicia” para descubrir la realidad sobre lo que sucedió en la Comuna 13. Hasta el momento hablan de entre 70 y 150 desaparecidos.  

Los crímenes aún se mantienen en la impunidad. 

La contra pregunta es: ¿Cómo es posible que Álvaro Uribe Vélez presuma de una operación con tantas sospechas y afirmaciones de violación de Derechos Humanos?

 

5. ¿Soy paramilitar por haber negociado la ley de Justicia, Paz y Reparación con los paramilitares?

 Primero, la ley de justicia y paz no tiene el mote Reparación, esta parte fue objeto de varios debates dado que el documento original presentado por el entonces gobierno Uribe no contemplaba la reparación de las víctimas. Segundo, la Ley de Justicia y paz es el marco jurídico para la paz con los paramilitares promovida por Álvaro Uribe Vélez. Tercero, la aplicación de la ley de justicia y paz no ha sido exitosa y la impunidad es la mejor forma de caracterizar los resultados de la misma. Esto es debido a que:

–       La ley no garantizaba la desaparición total de los grupos paramilitares debido a que para un paramilitar, e incluso para un guerrillero, los beneficios eran mejores si se desmovilizaba de manera individual. El resultado de esto fue la continuación de estos grupos paramilitares bajo del nombre eufemístico de BACRIM, bandas criminales emergentes.

–       La ley no trataba el delicado tema de la responsabilidad del Estado en el patrocinio u omisión del accionar de los grupos paramilitares. Eso incurriría en impunidad en los crímenes cometidos por ejemplo en Urabá en los tiempos de Rito Alejo del Río.

–       Con respecto a las víctimas, la ley dejaba en el “aire” la realización de confesiones completas (el reinsertado podía decir lo que quisiera y hasta donde quisiera), así como la participación de la víctimas para determinar responsabilidades es mínima. Por último, la ley no garantizaba la cárcel a los victimarios.

–       En un informe realizado por la procuraduría en el 2011, se afirma que solo el 11% de los desmovilizados han sido hallados culpables de algún crimen. Este punto se debe aclarar, debido a que la mayoría de los desmovilizados han sido culpados por narcotráfico (muchos de ellos extraditados) y no por los crímenes que cometieron cuando incursionaron en el paramilitarismo.

–       Balances presentados por organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice: ‘Sin justicia y sin paz, verdad fragmentada, reparación ausente’ , y el informe presentado por la Ong Human Rights Watch: ‘Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia’. Señalan entre otras cosas que la ley 975 ha fracasado en la desmovilización del paramilitarismo y la reparación de las víctimas.

De nuevo, se realiza la contra pregunta: ¿Álvaro Uribe por qué te ufanas de un proceso tan deficiente y gestor de impunidad? 

Preguntas y Respuestas. Lo que Alvaro Uribe No dice (Parte I)

1. ¿Soy paramilitar por haber sido amigo de Pedro Juan Moreno?

 

Pedro Juan Moreno,  fue el secretario de Uribe cuando este estuvo en la gobernación. Alias Mancuso lo ha señalado por ser “enlace” entre las autodefensas y el entonces gobernador de Antioquia. Además, Don Berna asegura que el ex secretario hacia parte del “grupo de notables” que asesoraba a Carlos Castaño Gil. Incluso este último lo nombra cuando ante la fiscalía hace referencia al “grupo de los seis”. (Ver Verdad Abierta).  Murió en un misterioso accidente aéreo en el 2006.  Recientemente, Rito Alejo del Río ha dado declaraciones que obligaron a reabrir el caso sobre su deceso, según el general en retiro, no hubo tal accidente y Pedro Juan Moreno fue asesinado debido a “presiones” que existían para acelerar su muerte.

 

2. ¿Soy paramilitar por haber promovido las Convivir?

 

Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada fueron creadas en un marco legal durante el gobierno de Ernesto Samper, para que los hacendados y ganaderos se defendieran de los ataques guerrilleros, fueron desmanteladas en el 1997. Sobre este tema varias denuncias, que podrían comprobar que las Convivir estuvieron en connivencia con los grupos paramilitares desde su origen.

 

–       Se crearon una número de 412 Convivir en todo el país de las cuáles 80 estaban en Antioquia y 12 en Urabá.

–       El ex paramilitar Manuel Arturo Salón alias “JL”, quien se encargaba del entrenamiento de los paramilitares, afirmó que Doble Cero le pedía reclutar  e instruir “buena gente” para las Convivir a nivel nacional,  a petición del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.

–       Álvaro Uribe Vélez y Pedro Juan Moreno patrocinaron con frenesí la creación de grupos de Convivir, sobre todo en la región de Urabá, en donde las masacres recrudecieron y según informes de la Vicepresidencia de la República el porcentaje de muertos aumentó en los años de 1995 y 1997 hasta llegar a  216 por cada 100 mil habitantes. (Ver Convivir… a Primera Vista) 

–       Jefes paramilitares aprovecharon la creación de las Convivir para legalizar la acción de los grupos ilegales. Como Salvatore Mancuso, quien ya era paramilitar desde 1992, para 1995 crea la convivir Horizonte LTDA.  O por ejemplo, la Convivir Taguá del Darién con licencia hasta el 2001 al mando del ahora desmovilizado del Bloque Bananeros de las AUC, Jaime Alonso Castrillón Echeverría. O también el caso del desmovilizado Aurelio Antonio Quintero representante de la CONVIVIR California. O las denuncias de que Don Berna creaba estos grupos en Medellín para hacer limpieza social. Casos como estos hay muchos.

Las CONVIVIR fueron un error del gobierno, sin embargo se debe cuestionar a las autoridades de ese entonces que, ya fuera por omisión o por comisión o por que simplemente no veían nada ilegal en su accionar, las patrocinaron y dejaron que los jefes paramilitares se aprovecharan de ellas para legalizar y legitimar una forma de combate contra la guerrilla que lesionaba en gran medida los derechos humanos. 

Reflexión Sentida sobre la Justicia en Colombia

Por Julián Penagos Carreño

“La Justicia en Colombia no existe”- una afirmación fulminante que se ha convertido en un imperativo moral colectivo que atañe a todos los ámbitos de la sociedad colombiana. El clamor ciudadano lo cita cuando se habla de procesos mediáticos como el Colmenares y Salamanca o cuando se tratan temas como el de la parapolítica o el proceso de paz (guerrilla o paramilitares).

La preocupación por la falta de justicia en un tejido social fragmentado y deteriorado como el colombiano, se debe a que sin ella nos envolvemos en el círculo vicioso de la violencia.

La falta de justicia en el siglo XIX, fue el caldo de cultivo de los odios heredados partidistas.

La falta de justicia en el siglo XX, fue uno de los motores de la violencia reciente.

La falta de capacidad del Estado de ejercer la justicia, crea impunidad y la necesidad creciente del ciudadano común de “hacer justicia con sus propias manos”. Esto implica, en la mayoría de los casos, la creación de grupos armados ilegales movidos por la venganza y el ideal de exterminar al otro.

En este estilo de sociedad macondiana, la justicia se ejerce por manos privadas que ostentan el “síndrome de Batman” caracterizado por la violencia irracional del “ojo por ojo” que lleva a matar la progenie de mi enemigo y convertirla en razón de Estado. Los que ejercen esta justicia creen tener un argumento de autoridad en su propia desgracia. Se conciben justificados ante la masacre, y se representan a sí mismos como víctimas.  

No se advierte que a esta justicia privada, le hacen faltan dos aspectos esenciales: el perdón (Ver entrada La Paradoja de Derrida) y la restauración del tejido social (Ver entrada antigua: El Caso de Mandela).

Esta justicia privada es la que desconoce al otro como sujeto de derechos, es la que critica procesos de restauración y justifica la impunidad de algunos. Es una que no sabe que la verdadera justicia no implica el olvido sino el reconocimiento eterno de las victimas.

 

Primero disparo, luego pregunto. Sobre el “Blanco Legítimo”

Por: Julián Penagos Carreño

El artículo 10 sobre la reforma al fuero militar ha suscitado cierta polémica en la que se han alzado distintas voces en contra y a favor. Sobre todo porque la reforma al fuero, afirma darle potestad a la fuerza pública de definir quién o qué es un blanco y objetivo legítimo y de esa manera atacarlo sin ningún tipo de responsabilidad jurídica posterior.

Del debate se pueden hacer dos reflexiones. Primera, el artículo parece ser, como lo dijo el ministro de Defensa, una aplicación de la convención de Ginebra para el conflicto interno colombiano. Si esto es así, la pregunta es si el fuero y los militares manejan el concepto claro y conciso de la norma internacional. Por ejemplo:

1. ¿Se tiene claro que según el Protocolo Uno y dos de Ginebra (artículo 52), contempla que los objetivos o blancos se refieren a cosas y no a personas? Y que aunque esto es así, ¿se tiene claro que esto incluye a los combatientes del enemigo?
2. ¿Se tiene claro que para discernir cuando un objetivo o blanco es legitimo se deben evaluar dos condiciones: una, que el objetivo contribuya de forma efectiva a la capacidad militar del enemigo; y dos, que sea definitivo para la destrucción parcial o total del enemigo?
3. ¿Se tiene claro el concepto de combatiente de medio tiempo, o aquel cambia de combatiente a persona civil, y que la ley contempla poder atacarlo ya que no pierde su status como combatiente?
4. ¿Se tienen claros los límites del “blanco legítimo” en cuando a un ataque indiscriminado sobre la población civil (Artículo 12, protocolo II)?
5. ¿El ejército conoce que el artículo 51(4) del Protocolo I, afirma que se prohíben los ataques que no tengan claro los objetivos específicos?
6. ¿Las Fuerzas Armadas saben del artículo 51 (5) del Protocolo I, que dice que un ataque indiscriminado es aquel que se dirige a varios objetivos/blancos legítimos dispersos en una población, villa, área que  contenga una concentración de civiles alta. Y por lo tanto un ataque puede acarrear bajas civiles?
7. ¿Saben las fuerzas militares que en estos casos no se pueden utilizar las armas ciegas definidas como aquellas que no se pueden dirigir exactamente contra un enemigo?

Un miembro de las fuerzas armadas contestará que si tiene un conocimiento claro de las normas y contestará acertadamente cada una de las anteriores preguntas. Esto lleva a la segunda reflexión, el miedo a la aplicación del artículo 10 de la reforma del fuero militar es causada por dos aspectos: uno, la poca confianza a las instituciones de la fuerza pública debido a acciones de abuso de autoridad y violación de los derechos humanos como los Falsos Positivos o acciones en contra de población civil inocente (violaciones, robos, etc.) y su connivencia, varias veces comprobada con grupos de paramilitares, que hace dudar del criterio de estas para decidir cuándo un blanco es legítimo o no.

Dos, nuestra guerra es irregular, se transforma, muta pero no evoluciona. La guerrilla nunca ha utilizado estrategias “limpias” para combatir debido a que ellos no se han acogido a la Convención de Ginebra. Además, la estrategia guerrillera llamada 2010 aplicada desde el 2008, contempla el “camuflaje” entre la población civil como forma de hacer frente al ejército. Esto acarrea problemas de que muchos inocentes se vean fatídicamente en medio del fuego cruzado.

El artículo 10 de la reforma al fuero militar carga el gran peso de una institución militar desprestigiada y a veces, en desventaja frente a la guerrilla en términos de protocolos de guerra. Quizás, la solución a este desafío es no dejarle la completa responsabilidad de decidir cuándo un blanco es legítimo o no, pero en el fragor de la batalla se necesita algo más, un espíritu que con entereza esté dispuesto a serle fiel a la moral. Quizás la real solución es hacer la paz. 

La Reconciliación Nacional: El Caso Mandela

Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención sobre el Foro Internacional sobre la Participación Política organizado por la ONU y la Universidad Nacional, es la referencia a casos de otros países con conflictos bélicos que se vieron en la encrucijada de dejar un espacio para la participación en política de los que antes habían sido acérrimos enemigos.  Se nombra el caso de España, después de Franco; de la paz centroamericana y de Sudáfrica con Mandela.

 Este último es al que me gustaría referirme en este escrito.  Aunque siempre puede existir en error al querer tomar estos ejemplos como algo que se “debería” hacer pero que puede ser inapropiado debido al desfase cronológico y contextual, los conflictos africanos han tenido un parecido relativo con el colombiano. En los primeros tanto como en el segundo, existe una lucha por el poder y por los privilegios económicos y sociales por parte de tribus o castas que históricamente se han enfrentado y en esta confrontación se han entremezclado lo que se llaman las causas objetivas del conflicto, como la inequidad social y política, la pobreza, el narcotráfico, etc. que han sido y siguen siendo promotores de la confrontación bélica.  (Claro esta visión es simplista, pero ayuda a argumentar el punto al cual me quiero referir)

 En el caso de Sudáfrica, para finales de los años ochenta el conflicto racial se hizo insostenible,  la minoría blanca liderada por Peter W. Botha, sufría de aislamiento y violencia política,  para disminuir los índices de tal violencia, en 1990 el presidente Frederik de Klerk libera a los presos políticos y un año después desmonta las leyes del apartheid. Nelson Mandela sería uno de los liberados y se presentaría a elecciones para 1994, ganando la presidencia.

 Ahora bien, Nelson Mandela se enfrentaba a un clima de polarización política de los radicales negros que querían justicia a sangre y fuego y de los radicales blancos quienes querían mantener sus posición privilegiada. Ante tal polémica, Mandela propone la Ley de Reconciliación y Promoción de la Unidad Nacional, que se basaba en la filosofía Ubuntu, que afirmaba que para que un victimario se reintegrara a la sociedad este debía confesar sus culpas públicamente.

 Firmada por el arzobispo Desmond Tutu quien afirmó de ella que “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón” la ley tuvo detractores y voces a favor, al presentar en 1998 su informe de resultados, se notó que esta política posibilitó subsanar las heridas del conflicto en otro aspecto de la justicia en tiempos de posconflicto: la restaurativa.

 Este tipo de justicia coloca el acento en la dimensión social del Conflicto “Busca restaurar el lazo social dañado por la acción criminal en un proceso de reconciliación, reparación y perdón entre la víctima y el infractor, con la mediación de la comunidad.” (Ordoñez y Brito, 204) . Este tipo de justicia va mucho más allá que la transicional basada en la retribución (a veces solamente económica) de las víctimas y  del castigo penal para el victimario.

Colombia se enfrenta a un momento parecido al sudafricano, un conflicto que se agotado y que nos ha agotado, un clima político polarizado y la encrucijada entre dar amnistía y espacio de participación política a los antes enemigos. La justicia restaurativa sería buena opción, sin embargo, ¿estarían los miembros de las FARC a confesar sus culpas y pedir perdón públicamente? ¿Estaría la sociedad civil colombiana preparada para perdonar? Solo una respuesta, si existe verdadera voluntad no habría obstáculos para la paz.

Colombia: La Paradoja de Derrida

Por Julián Penagos Carreño

El país se encuentra en un punto de quiebre. Ante el aparente progreso del proceso de paz con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, el Estado colombiano abre la posibilidad de terminar de manera dialogada con una insurgencia cuyas raíces se remontan a más de seis décadas atrás. Pero existen voces pesimistas y contrarias que obstaculizan la intervención del mayor apoyo que un proceso de paz debe tener: el del ciudadano.

El proceso de paz colombiano con las FARC no se ha legitimado en la conciencia de sociedad civil debido a, entre otras cosas, una polarización hacia la derecha, fruto de los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe, (ambos críticos acérrimos al actual proceso). Ver Revista Semana. Sin embargo, la pregunta que debe hacerse aquí es ¿si realmente el ciudadano colombiano está en contra del proceso de paz?

La respuesta puede ser analizada a partir de dos encuestas publicados y realizadas a finales del año pasado. Primera, para Septiembre de 2012, el Grupo Memoria Histórica publica el informe “Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?” el texto “propone una evaluación social de la ley 975 de 2005” entrevistando a 1843 personas de diversos estratos, características sociales y nivel de afectación. El capítulo que más nos interesa en este caso es de las Percepciones del Conflicto Armado Colombiano sobre todo las preguntas que tienen que ver con la guerrilla. Aunque la encuesta estaba diseñada para evaluar un proceso de desmovilización de los paramilitares, el 32% de la muestra afirmó que la responsabilidad de la violencia recaía en la guerrilla, frente a un 3% atribuido a grupos paramilitares y a un 16% atribuido al gobierno. Así mismo, el 82% de los encuestados considera a la guerrilla como simples delincuentes sin ningún tipo de ideales revolucionarios y el 70% considera que los crímenes de la guerrilla son igual de graves a los cometidos por los paramilitares frente a un 16% que los califica como aún más graves. Ahora bien, para la misma época, una alianza de medios realiza la encuesta Colombia Opina (Septiembre, 2012), un especial sobre la percepción del ciudadano sobre los anuncios del gobierno de empezar negociaciones con las FARC. Los resultados apuntan a que un 77% de la muestra aprueba las negociaciones, y un 54% se muestra optimista a logra un buen resultado frente a un 41% de colombianos que creen que no. Sin embargo, las cosas cambian cuando se pregunta sobre las cosas que deben ser negociadas, por ejemplo, entre un 58% a un 72% las personas encuestadas no están de acuerdo en perdonar los crímenes de los guerrilleros, en que sus líderes participen en política o en que algunos de ellos sean liberados de las cárceles como parte de un acuerdo. Según esto se pueden formular las siguientes conclusiones:

1. Las negociaciones gozan de “buena” aceptación, pero la opinión pública desaprueba realizar concesiones importantes al momento de los acuerdos.
2. La poca credibilidad hacía que la guerrilla tenga un proyecto político, puede ser un obstáculo para su participación en la arena política.
3. La impopularidad de la guerrilla al considerarlas las responsables de la violencia en Colombia, podría afectar los procesos de desmovilización, enfrentando al país a un posible exterminio de los desmovilizados. En el pasado ha ocurrido.
4. La creciente preocupación por la impunidad y el perdón nos enfrenta al maniqueísmo de un enemigo eterno que no merece indulgencia.

Sobre este último punto quisiera realizar una anotación especial, fuera de opiniones sin argumentación y políticamente arbitrarias, el perdón es necesario en toda solución negociada de un conflicto armado, pero en Colombia nos enfrentamos a la “paradoja de Derrida”, a perdonar lo imperdonable. El filósofo francés en el libro “El Siglo y El Perdón” habla de las teorías de Jankélévitch sobre este tema en una entrevista con Michel Wieviorka. En el texto, argumenta que el perdón debe tener un sentido o un propósito; el perdón no puede ser algo banal, sino que debe dar a lugar la reconciliación o la redención. Y que, por lo tanto, lo único perdonable es lo imperdonable. Así mismo, que este perdón no puede estar enlazado necesariamente a un castigo. Así las cosas, y aunque la teoría de Derrida tiene diversos aspectos que no serán explicados aquí, el éxito de las negociaciones con las FARC depende de la capacidad de los colombianos para acogerse a esa paradoja y perdonar los crímenes de lesa humanidad que no se contemplan como perdonables. Eso toma tiempo y es difícil  pero es necesario. Aquí algunas recomendaciones sobre este punto iluminados por Derrida:

1. El perdón debe ir acompañado de reparación pero no de olvido. Este último es dañino y afecta la memoria haciendo que la historia sea un ciclo vicioso de hechos y acontecimientos.
2. El perdón debe ir acompañado por la verdad. Es necesario aliviar la pesadumbre que produce la ignorancia por el devenir de las víctimas.
3. Debe existir un perdón íntimo, individual, entre las víctimas y su agresor, acompañado de arrepentimiento y de la petición de perdón por parte de los últimos. Esto implica un proceso de deconstrucción de la imagen maniquea del enemigo y del conflicto.
4. Debe existir un perdón colectivo, sin condiciones. Un perdón social. ¿Colombia está dispuesta a hacer esto? No lo creo.
5. Por último, debe existir un perdón legal por parte del Estado. Una ley de amnistía que no se sumerja en las incómodas aguas negras de la impunidad. Colombia tiene malos antecedentes al respecto, la misma Ley 975 del 2005 es un ejemplo.

Lo anterior suena utópico y para algunos, revolucionario, solo es una teoría del perdón. En un proceso de negociación que quiere terminar un conflicto como el nuestro con tantas confusiones, acciones desmedidas y corrupción de acciones bélicas es difícil lograr un perdón, sobre todo por los afectados directos de las acciones de la guerrilla, pero es uno de los caminos que podría conducir a la paz. Debemos meditar sobre ello.

Proceso de Paz: El Problema de la Tierra en Colombia

Por Julián Penagos Carreño

En el día de hoy, empieza otro de los capítulos más “duros” con respecto al proceso de paz, el de la negociación para solucionar el problema de la tierra en Colombia.  Básicamente, la discusión girará en torno a lograr mecanismos para democratizar la propiedad de la misma.

La propuesta agraria de las FARC, se centra en que el Estado garantice al campesino el acceso equitativo a la tierra, a los modos de producción y explotación para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

 Es un proyecto que es similar a las “promesas” de Santos en el tema agrario. Tal y como lo diría La Silla Vacía. El gobierno Santos pretende democratizar la propiedad mediante la política de tierras que incluye devolver tierras a desplazados y víctimas de la violencia, expropiar latifundios improductivos y garantizar jurídicamente el acceso a los medios de explotación de estas tierras.

 En el papel no parecería difícil lograr un acuerdo, pero el problema no puede verse de manera tan simple. Para solucionar este problema se deben alterar estructuras sociales y políticas que se han legitimado históricamente en Colombia. Pero esto, según la postura del gobierno, parece ser imposible, ya que los delegados han dicho que no están dispuestos a cambiar la sociedad para lograr un acuerdo. Claro, esta posición puede reflejar una actitud defensiva del gobierno para desviar los ataques del expresidente Uribe en contra del proceso de paz.

 Sin embargo, esto tiene más de falacia que de cierto, ya que para un cambio profundo de lo agrario se necesita una modificación de las dinámicas sociales y políticas dentro de las regiones y en la relación centro – periferias. No se puede negar que el conflicto es un cúmulo de fenómenos sociales entrelazados y recíprocos. Por eso es difícil de entender, ya que es descentrado, ambivalente y se desarrolla en múltiples escenarios. (En ese sentido, es de vital importancia ver el proceso histórico del conflicto, para saber las raíces de cada fenómeno y examinar cuándo se mezclaron, pero ese no es tema de este blog)

 La tierra es un ejemplo de esto. En el problema por la propiedad se interrelaciona:

1. La cultura de que “la tierra es poder”: desde tiempos coloniales la posesión de la tierra se ha visto como una forma para lograr un nivel social y político alto. Básicamente, el que tenga más tierra es el más poderoso. Es una creencia heredada de los colonos de la península ibérica en el siglo XVI y XVII, cuando la legitimidad del conquistador se basaba en la propiedad.
2. Un sistema social y político feudalista: completamente interrelacionado con el anterior. A la ambición por poseer tierras sigue la de conseguirlas por medio de dinámicas ilegales y prácticas políticas que incluyen los sobornos, redes clientelistas y la violencia. Un sistema feudal en donde cada latifundista ofrece arrendar la tierra al campesino a cambio de un salario o de protección. Y la ganancia por la producción no le corresponde al campesino.
3. Debilidad del poder Central. Aunque Colombia tiene un estado anclado en un poder central, este poder es débil y ha tenido que negociar políticamente con los grandes poderes locales basados en sistemas feudalistas de producción. Esto resulta en la legitimación del sistema local feudal. Un ejemplo de este comportamiento, han sido las colonizaciones de finales del siglo XIX y mitad del siglo XX, en el que miles de campesinos se lanzaron a apropiarse de terrenos supuestamente baldíos sin el control del Estado creando graves episodios de problemas entre propietarios, colonos e indígenas que protegían los terrenos de los resguardos indígenas. La mayoría de estos conflictos se solucionaron por medio de la violencia o por la ejecución de prácticas clientelistas, utilizando el poder político para lograr aumentar la propiedad.
4. El Estado no tiene el monopolio represivo de la violencia. La prácticas ilegales y la dinámica represiva de un sistema feudal practicado por diversos grupos y actores sociales en las regiones, crea una lucha por el poder de la propiedad que se refleja en la creación de ejércitos irregulares que el Estado no ha sido capaz de solucionar. La mayoría de estos grupos se ha basado en la autodefensa, por ejemplo, la guerrilla de las FARC, se crea de las autodefensas liberales campesinas en contra de la violencia conservadora, y los paramilitares, no son más que la respuesta de los grandes propietarios de tierra y ganaderos (algunos, no todos) que en alianza con los narcotraficantes buscan proteger su derecho a la propiedad.
5. Narcotráfico: la entrada del narcotráfico a partir de los años 70, no ha hecho sino empeorar el panorama, ya que para cultivar droga se necesita tierra, lo que ha causado dinámicas de expropiación cada vez más sanguinarias que se han sumado a la lucha por el poder de propiedad de esa tierra.

 Estos elementos, junto con muchos más, han creado un panorama difícil para la propiedad de la tierra en Colombia. Y deben ser solucionados. El asunto es que la solución de estos aspectos afecta diversos sujetos sociales que se han beneficiado de la propiedad ilegal o legal y que no están dispuestos a ceder. Estos sujetos sociales han sido víctimas o victimarios, han utilizado uno o varios de los mecanismos anteriormente enumerados y en ocasiones son los que critican con más ahinco el proceso de paz.  

 Aquí es en donde la hipótesis del Almendrón, enunciada por Hernando Gómez Buendía, se hace realidad; el colombiano promedio es individualista y no está dispuesto a bajar un escalón de su nivel de vida para beneficiar al colectivo.

 

“Un colombiano es muy vivo pero dos colombianos son muy bobos” Hernando Gómez Buendía.

Legalización de las Drogas (II) El Consumo

Por Julián Penagos Carreño

Uno de los argumentos en contra de la legalización de la droga, es que sí bajan su precio, cabría la posibilidad de que las personas tuvieran un acceso más fácil a ellas. Sin embargo, esto no puede ser visto de manera tan radical.

El caso de Portugal es el más sonado por los defensores de la medida y merece un vistazo por ser una propuesta innovadora y que ha dado cierto resultado.

En el 2001, el gobierno portugués descriminalizó el consumo personal de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas cambiando el castigo de la cárcel por el de la terapia para aquellas personas que fueran encontradas consumiendo o en poder de estas sustancias. La terapia se basa en que la persona va a citas regulares con un psicólogo, un asesor jurídico y un trabajador social que lo enfrentan a las consecuencias del consumo. Es decir, a la persona que sea drogadicta se le da la opción de ir a la cárcel o de entrar a un programa de terapias para tratar su adicción.

Esta estrategia tan criticada en su momento, tuvo efectos positivos tan solo cinco años después. Un estudio del Cato Institute publicado en abril del 2009, dio como resultado que el consumo había disminuido la mitad, junto con los casos de infecciones de VIH causada por el intercambio de agujas infectadas. Así mismo, los drogadictos que pedían voluntariamente ayuda aumentó también en un 60%.

No se puede negar que las cifras son impresionantes, pero ¿cuál es el eje de esta política antidrogas? Son tres sus puntos – eje:

–       Redireccionar el foco del problema de la droga hacia la prevención  primaria. Esto quiere decir tratarlo como un problema de salud pública y no como un delito.

–       Extender y mejorar la calidad del servicio de salud, para facilitar el acceso de los adictos al tratamiento de su adicción.

–       Crear mecanismos de difusión para que el adicto entienda que es mejor entrar en un programa de tratamiento de su adicción que ir a la cárcel.

 Ahora bien, una aclaración, legalizar es distinto a penalizar, pero no significa que el gobierno deje de lado la prohibición, solo (como lo hizo Portugal) se hace un cambio de enfoque, en vez de castigar con prisión a los consumidores se les lleva a tratamiento. Este punto debe tenerse en cuenta, ya que la opinión pública llevada por la desinformación cree que legalizar las drogas significa que todos tendríamos la libertad de consumirlas lo cual no es cierto. Lo que hace Portugal es un consumo controlado de la sustancia en vista de que el drogadicto en un futuro cercano deje de consumirla. Es atacar la demanda por encima de la oferta. Es afirmar y aceptar que el consumidor es un enfermo y no un delincuente.

¿Serviría una política de legalización en Colombia? Para hacer que una política de estas logre tener un éxito en Colombia, se tendría que optimizar no solo las bases de la política social que ayude a una equidad entre sus pobladores (como se dijo en la entrada de la semana pasada) sino en mejorar ostensiblemente el servicio de la Salud, la cual, como se sabe, está en franco deterioro. Es decir, una nueva política de drogas basada en el enfoque de problema de salud pública, significa una modificación total del sistema de salud colombiano, con nuevas entidades prestadores de salud, que beneficien al cliente y lo vean como tal, como el beneficiario que mes a mes consigna un dinero para que, si se enferma, sea atendido de la manera más humana posible.

La legalización de la droga no se puede ver en términos de claros y oscuros. Deben examinarse las condiciones por las cuales ha sido exitosa en Portugal y si se puede implantar de esa manera en nuestro país. De manera contundente se puede decir que no,  por lo menos aún no, debido a que una legalización de la droga esta anclada firmemente en un sistema de salud decente y una política social equitativa.  

Legalización de las Drogas Un problema Social (1) Las Bandas Criminales

Por Julián Penagos Carreño

La reciente afirmación del gobierno de Colombia sobre la propuesta de legalizar las drogas sintéticas puso en el tapete una álgida discusión sobre este tema en el que palabras a favor o en contra no se han hecho esperar. Uno de los principales argumentos a favor, es que la legalización completa de las drogas haría desaparecer las distintas organizaciones criminales que subsisten de este negocio, a lo que los detractores contestan con que no es seguro que esto ocurra, ya que las organizaciones criminales pueden simplemente desplazarse hacia otro negocio. Pero esto afirmación está dentro del ámbito de lo no – seguro.

Si no desaparecen significa que el problema va más allá del negocio del narcotráfico. Miremos un caso parecido, el de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20s y 30s. En aquella época, seis millones de votantes apoyaron un pliego de peticiones para lograr la prohibición de alcohol debido a la urgencia de una sociedad moralista norteamericana de controlar la vida de sus compatriotas y cuidar a la juventud y a las sanas costumbres que se han corrompido poco a poco por el consumo del alcohol.

Esto, no solo causó la migración de muchos norteamericanos a La Habana, (lugar en el que se podía consumir alcohol) sino que produjo el nacimiento de bandas criminales que luchaban de manera violenta por proteger y controlar el negocio del contrabando de alcohol que dejaba millones de dólares de ganancia. El problema se hizo más difícil cuando en 1929 sucede el crack de la bolsa y muchas personas ven en este negocio una forma de subsistir. El la violencia aumento de tal manera, que la prohibición fue suspendida en 1933 y las bandas poco a poco se fueron debilitando hasta desaparecer.

Ahora bien, Colombia es un país que tiene un conflicto armado interno y en donde el narcotráfico, además de ser parte de este conflicto se ha convertido en el patrocinador del mismo, debido a las altas ganancias que deja para los distintos grupos armados ilegales que se lucran de el. Es justo decir, que tal y como sucedió en Estados Unidos, al legalizar el negocio, estas bandas se debilitarían hasta desaparecer, pero Norteamérica no tuvo un conflicto armado interno y he aquí las diferencia y la complicación con respecto al negocio de la droga.

En Colombia, el narcotráfico está ligado a la pobreza, a la inequidad social, a la poca educación en valores y a las cada vez, menos formas de subsistir de manera legal en un país difícil. Es decir, alguien que se meta al negocio del narcotráfico no sólo tiene una escala de valores nula, sino que está abrigado por la necesidad de ya sea mantener su status social o de conseguirlo.

Colombia es un país semi – feudal, con una escasa movilidad social, en la que si naces pobre lo más probable es que mueras pobre, ante esta posibilidad se yergue la opción de dedicarse a negocios ilícitos. Por otro lado, como diría Bertolt Brecht, “con hambre, no hay valores”.

Entonces, la discusión sobre la legalización de las drogas no está en el ámbito de si las bandas se debilitan y desaparecen, sino si el país está realmente preparado para que la legalización de las drogas sea una experiencia exitosa.

Aunque la legalización podría dejar sin financiación al conflicto, en este caso, los detractores de la política podrían tener razón, las bandas dedicadas al negocio ilícito simplemente buscarían otra forma de subsistir. La razón: las bases en la que está anclada nuestra sociedad son débiles.

¿Qué se tiene que hacer? Bueno es bastante obvio, solucionar el problema social en el que está inmerso Colombia desde décadas. Crear un marco equitativo y confiable en el que la legalización funcione. Es decir, se debe crear antes de una política de legalización de drogas, una política social que implique: redistribución equitativa del ingreso; cerrar la brecha de pobreza- riqueza entre los sectores rural y urbano; ampliar la cobertura educativa y aumentarla hasta la universidad; etc, etc.

Pero en realidad esto último suena más utópico que lo primero.